Por Gabriel Zanotti. *
El debate sobre una ley de radiodifusión me ha generado una serie de reflexiones epistemológicas y políticas que considero importantes.
Sobre todo, porque todos dan por supuesto (al menos no he escuchado públicamente a nadie decir lo contrario) que debe haber una ley tal. Yo voy a someter a crítica ese supuesto. ¿Por qué debe haber una ley de radiodifusión?
La pregunta debería ser más amplia: ¿Debe haber legislaciones específicas que regulen la libertad de prensa?
La pregunta supone una distinción que habitualmente no se hace: derecho de legislación . “Derecho” se refiere más bien a los derechos personales básicos; “legislación” indica en cambio disposiciones administrativas para la administración de bienes públicos. Lamentablemente toda la inflación legislativa que han sufrido las naciones occidentales, y América Latina en particular, ha implicado que los derechos hayan sido sistemáticamente violados por las “leyes” que reglamentan su ejercicio, conculcando el art. 28 de la Constitución Nacional.
En ese sentido, el derecho a la libertad de prensa, definido como está en el art. 14, no necesita ninguna legislación adicional, y ya sabemos que no hay delitos de prensa sino delitos a través de la prensa, que en todo caso corresponden al Código Penal.
Pero los tiempos han cambiado. En el s. XIX hubiera sido una obviedad afirmar que la libertad de prensa es garantía y condición necesaria del gobierno democrático representativo y de todos los demás derechos individuales fundamentales. Pero ahora es habitual escuchar que, frente a los derechos “sociales”, los derechos del art. 14 originario (sin la reforma del ‘57) han quedado como meras libertades “formales”.
El debate implica, como corresponde, que las cosmovisiones políticas y económicas van de la mano. Se afirma que esos derechos son letra muerta sin una justa redistribución del ingreso, y, en el caso que nos compete, que la libertad de prensa esconde en realidad una libertad de empresa cuya concentración de capitales en unos pocos implica que la población queda excluida del “derecho a la información”.
Vayamos por partes.
Uno, ¿qué es la libertad de prensa? No es la posibilidad económica de publicación. Es el derecho a publicar sin censura previa, nada más, ni nada menos. Nadie tiene su derecho conculcado porque un medio determinado o una editorial se niegue a publicarle . Por supuesto, esto implica todo el debate sobre la propiedad privada. En el año 2009, después de Hitler, la Unión Soviética y demás “partidos únicos”, pensar que los gobiernos garantizarán el libre acceso a la prensa ante los pérfidos capitalistas, sería muy ingenuo, si no fuera por el renacimiento de los socialismos del s. XXI, que son los socialismos de siempre, con la peculiaridad de que consolidan su poder sobre la base de la degeneración y anomia institucional de la misma democracia incipiente con la cual accedieron.
Dos: ¿de dónde hemos sacado que los capitales tienden a la concentración, ya sea prensa escrita, oral televisiva, o fábrica de zapatos? De Marx. La teoría de la concentración monopolística es una de sus principales y más efectivas predicciones sobre el capitalismo y que luego se toma como crítica. Pero si no sabemos qué contestar, hay que reconocer que en campo económico Marx sigue ganando la batalla ideológica, debilitando el débil liberalismo político que nos quede. ¿No suena a poco, acaso, una libertad de prensa declamada en la Constitución frente a una o dos empresas privadas que controlen todo lo que se publica?
Pero la Escuela Austríaca de Economía ha refutado a Marx desde el principio, no sólo en cuando a teoría del valor y plus-valía , sino también en la teoría de la pauperización creciente y la concentración monopolística . Rothbard, discípulo de Mises, resumió la cuestión explicando los límites de calculabilidad en un mercado libre , con arancel cero, a los cuales se enfrenta necesariamente toda empresa privada en el mercado que va ampliando su margen de acción. Claro, hablaba de un mercado libre, y no de esta danza de intereses creados, grupos de presión y demás privilegios y prebendas alrededor de los gobiernos de turno, perfectamente descriptos como intervencionismo en la parte VI del tratado de economía de Mises , pero que ahora muchos llaman “mercado”.
Tres. El llamado “derecho a la información” tiene dos graves errores, uno económico-político, y el otro epistemológico. Comencemos por el primero.
Como todo “derecho social”, supone que la persona tiene un “derecho a determinado bien o servicio”, cuyo sujeto pasivo de obligación es el estado, que debería cumplir esa obligación mediante políticas programáticas. En otras oportunidades hemos dicho que tales derechos, así enunciados sin más, presuponen lo imposible, y lo imposible no puede ser fuente del derecho, dado que el deber ser se funda en el ser. Y lo imposible es que las personas tengan derechos a todos los bienes y servicios que se quieran suponer importantes, porque en ese caso se ignora la escasez de recursos que hace imposible dicha premisa. Claro, no se niega que, como dice Hayek los gobiernos municipales, preferentemente (recogiendo la tradición de Tocqueville), puedan proveer, de manera no monopólica y con recursos provenientes del municipio, ciertos bienes públicos. Un municipio podría tener un servicio educativo, de salud, etc., lo cual incluye, si se quiere, un diario o un canal de televisión, sin que ello implicara ninguna legislación federal adicional sobre los demás medios de prensa. Estos últimos, actuando en un mercado libre, son la garantía –contrariamente a lo que piensan muchos- de que los ciudadanos puedan expresar sus ideas sin censura previa del estado, y que los gobiernos de turno puedan tener una efectiva crítica de la prensa como corresponde a una sociedad democrática “constitucional”.
Pero lo más interesante radica en el grave error epistemológico que presupone la palabra “información”. Presupone que hay distinción entre hechos, objetivos y verdaderos, y opiniones, “subjetivas”. No es sólo “doctrina Cristina Kirchner”: es lo habitual de la bibliografía sobre ese tema. Pero claro, si es así, un gobierno podría decir que un medio está “abusando” de la libertad de prensa (que comienza a ser denigrada en el discurso como una mera libertad de empresa) ocultando la “información objetiva” para atacar al gobierno en cuestión. De allí a proyectos de control y estatización de medios para “garantizar la información objetiva”, y “el derecho que el pueblo tiene a la información”, hay sólo un paso, que todos los actuales dictadorzuelos latinoamericanos ya están dando (con Chávez a la cabeza, desde luego). Pero el error no es sólo de los Kirchner o los Chávez, a los cuales no se les podría reprochar su falta de formación en epistemología y hermenéutica. El error es de todos aquellos que suponen que la función periodística es transmitir hechos en bruto, sin la “contaminación” del comunicador en cuestión. Se ignora que todo ser humano, cuando habla, medios de comunicación incluidos, emiten mensajes, que son proposiciones formadas desde el horizonte de precomprensión (horizonte cultural) del hablante. Por lo tanto, todo lo que una persona dice está influida por su cosmovisión del mundo, incluso lo que parezca más evidente al destinatario del mensaje. Podemos decir “Obama es el presidente de los EEUU”, y es real, es verdadero (no hay ninguna oposición entre interpretación y verdad ) pero en ese caso estamos interpretando lo que significa ser presidente desde nuestro horizonte cultural. Además, todo mensaje es un acto del habla, y todo acto del habla es acción (Wittgenstein ), y tiene por ende una intención, que puede ser perfectamente noble, honesta, o no. Pero la tiene. El sujeto siempre está presente en el mensaje, y los mensajes, el lenguaje, son parte concomitante del tejido social; no son meros transmisores. Por ende, es obvio que no hay “información” si por información se entiende “mensajes neutros de sujetos”. Lo humano es el conocimiento, esto es, interpretación. Y por ende todo medio de comunicación comunica desde un punto de vista. Si ese punto de vista no agrada al gobierno de turno, esa es precisamente la ventaja de la libertad de prensa en un sistema democrático. Pero si dejamos de hablar de libertad de prensa y comenzamos a hablar de un derecho a la información, suponiendo además que hay una información “objetiva” que el gobierno tiene como función proteger, para que los perversos medios capitalistas no la falseen…. Está todo perdido.
Sobre libertad de prensa, sobre medios de comunicación, no hay nada que legislar. La legislación ya es la Constitución Nacional y es más que suficiente. Todo lo demás corre por los libres contratos entre las partes. Que en la Argentina no lo entendamos así, no es algo de lo cual asombrarse, y por ende, tampoco debemos asombrarnos del plano inclinado hacia el despotismo chavista que estamos recorriendo.
* Publicado en la Revista Digital Orden Espontáneo de Septiembre del 2009.
Estimado Lector,
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