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La Ley Anti-Tabaco en Argentina y la Construcción de una Sociedad Libre

junio 16, 2011

Por Matías Spelta, Coordinador del Centro Adam Smith – Fundación Libertad. E-mail: mspelta@libertad.org.ar; Twitter: @matiasspelta. Aquí puede leer el artículo en su versión en PDF.

El pasado lunes 13 de junio la Presidente Cristina Fernández de Kirchner promulgó la ley nacional que regula la publicidad, promoción y consumo de los productos elaborados con tabaco (Ley Nacional Nº 26.687). Esta ley convierte a la Argentina en el octavo país latinoamericano 100% libre de humo del tabaco (los otros son: Uruguay, Colombia, Panamá, Honduras, Guatemala, Perú y Venezuela).

El presente artículo tiene por objeto describir los puntos más importantes de la ley, analizar los fundamentos y declaraciones de algunos de sus promotores y los impactos que la misma tiene en la construcción de una sociedad libre compuesta por individuos responsables de sus propias acciones.

¿Qué dice la ley?

El primer artículo ya deja explícita la intención paternalista que existe detrás de esta nueva legislación. Su fin es la “prevención y asistencia de la población ante los daños que produce el tabaquismo”. Está implícito en dicha afirmación que los individuos, al menos en este asunto, no pueden cuidarse a sí mismos y el Estado puede hacerlo mejor que ellos y, por lo tanto, debe velar por su salud.

El artículo dos enuncia los objetivos de la ley:

a- Reducir el consumo de productos elaborados con tabaco;
b- Reducir al mínimo la exposición de las personas a los efectos nocivos del humo de productos elaborados con tabaco;
c- Reducir el daño sanitario, social y ambiental originado por el tabaquismo;
d- Prevenir la iniciación en el tabaquismo, especialmente en la población de niños y adolescentes;
e- Concientizar a las generaciones presentes y futuras de las consecuencias producidas por el consumo de productos elaborados con tabaco y por la exposición al humo de productos elaborados con tabaco.

Es importante destacar la nobleza y buena voluntad que existen en estos puntos. El problema, a mi juicio, es que estas decisiones son parte de la esfera privada de las personas; son ellas mismas las que tienen incluso el derecho a equivocarse y si alguien debe preocuparse por ellas, este no debe ser el Estado. El Estado no existe para decirnos cómo es que tenemos que vivir, sino simplemente para proteger nuestros derechos individuales.

Los puntos a y b son decisiones de cada una de las personas; tanto decidir fumar un cigarrillo como estar presente en un lugar donde se está fumando no es materia del Estado. Por su parte, el inciso c es una consecuencia de otras políticas gubernamentales, como el sistema de salud público, que socializan los costos de la decisión personal de fumar o habitar ambientes no libres de humo. Esto incentiva la irresponsabilidad de las personas ya que no pagan en su totalidad los costos de sus acciones (pero sí reciben los beneficios de las mismas) y genera gastos crecientes al sistema. La lógica del Estado Interventor es aumentar las restricciones a la libertad, en lugar de terminar con las regulaciones que generan incentivos perversos en la toma de decisiones individuales.

Los otros dos puntos tienen características diferentes pero eso tampoco justifica el accionar del Estado, incluso aunque consideremos importante que alguien lo haga. Insisto en que, en general, la discusión no pasa por qué hay que hacer, sino quién debe hacerlo. Evitar el inicio del consumo de tabaco en los jóvenes es una responsabilidad indelegable de sus padres. Son ellos los que decidieron traerlos a este mundo y tienen la responsabilidad y el derecho de cuidarlos hasta que se conviertan en adultos responsables. En cuanto a las tareas de concientización acerca de las consecuencias del consumo de tabaco y exposición del humo del mismo, son de igual modo los padres como así también la sociedad civil (con sus propios recursos) los que deberían encargarse de esta tarea.

Es importante reconocer que el Estado compite con las acciones que podrían surgir desde la familia o de la sociedad civil. Por un lado, con la legislación determina modos de conducta “apropiados”1, lo que debería ser un rol natural de la familia y el resultado espontáneo de las interacciones sociales. Por el otro, mediante los impuestos quita recursos al sector privado dificultando la financiación de iniciativas que podrían venir de la sociedad civil.

A continuación analizaremos los artículos más importantes de la ley:

1- Se prohíbe fumar en lugares de trabajo cerrados, ambientes cerrados de acceso público tanto del ámbito estatal como privado, centros de enseñanza, museos, bibliotecas, espacios deportivos y otros (ver artículo 23).

Aquí hay que distinguir entre la propiedad estatal y la propiedad privada. En el primer caso el Estado sí puede decidir si en dichos establecimientos se puede fumar o no. En el segundo, el Estado debería respetar la propiedad privada y las decisiones de sus dueños respecto de si permiten o no fumar. El mercado se encargará de brindar alternativas tanto para los no fumadores como para los fumadores.

Ninguna persona está obligada a ingresar a un establecimiento donde se está fumando ni tiene el derecho de exigir que se deje de fumar en él para que de esta manera pueda hacerlo. Si su deseo es lo suficientemente fuerte lo hará incluso aunque tenga que respirar el humo del tabaco y es su decisión personal disfrutar los beneficios y padecer las consecuencias negativas de su acción. Por otra parte, los no fumadores empleados en ambientes de trabajo donde está permitido fumar tienen el derecho a renunciar y buscar otro empleo si el humo del tabaco es un factor determinante en su elección laboral. Usted me dirá que no es fácil conseguir trabajo y por lo tanto muchas personas tienen que “soportar” dicha situación. Es cierto, pero también lo es el hecho de que esa es una consecuencia de las regulaciones gubernamentales que dificultan la contratación de las personas y la iniciativa empresarial. Nuevamente vemos un caso en el que una intervención estatal restringe libertades personales y esta genera consecuencias que vuelven supuestamente “razonable” otra intervención para compensar el efecto de la primera.

2- Se prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de los productos elaborados con tabaco, en forma directa o indirecta, a través de cualquier medio de difusión o comunicación (ver artículo 5).

3- Los empaquetados y envases de productos elaborados con tabaco llevarán insertos una imagen y un mensaje sanitario que describa los efectos nocivos del consumo, tales como “fumar causa cáncer”, “fumar causa impotencia sexual” o “fumar puede causar amputación de piernas” (ver artículo 10).

Estos incisos tienen como objetivo reducir el consumo de tabaco dificultando la difusión de los productos y causando un impacto visual y psicológico al fumador. Lo primero supone que las personas están indefensas ante la publicidad masiva y no les queda otra alternativa más que el consumo del mismo. En cuanto al otro punto, no discutiré la veracidad e importancia de los efectos nocivos del consumo, simplemente objetaré que sea el Estado, con los recursos de todos y poniéndose en una actitud paternalista, quien deba advertirnos sobre los mismos. Cuando existe libre competencia, el mercado por sí solo se encarga de brindar información sobre los productos. Ni siquiera pensemos en los productores de tabaco, ya lo hacen las empresas que fabrican productos para ayudar a las personas a dejar de fumar. A eso hay que sumar las iniciativas de las ONG que promueven el no consumo de tabaco.

4- En los paquetes y envases de productos elaborados con tabaco no podrán utilizarse expresiones como “light” o términos similares que tengan el efecto directo o indirecto de crear la falsa equívoca o engañosa impresión de que un determinado producto es menos nocivo que otro (ver artículo 13).

Este inciso es bastante llamativo ya que posteriormente se determina cuál debe ser la composición de los productos elaborados con tabaco, lo que estaría afirmando implícitamente que algunas combinaciones de las sustancias con las que se fabrican los cigarrillos son más nocivas que otras. Por lo tanto, ¿por qué se le prohíbe al mercado el uso de la creatividad empresarial y la promoción de la investigación científica para producir cigarrillos con menores daños hacia la salud de las personas?

Estos cuatro puntos son, a mi juicio, los más importantes para entender la relación que tiene esta ley con la construcción de una sociedad libre.

El análisis de algunas declaraciones

Monica Fein, candidata a Intendente de la ciudad de Rosario por el Frente Progresista, afirmó que “El Estado tiene que cuidar la vida más allá del concepto de mercado” (ver diario Página 12 “La última pitada”). Sin embargo, el mercado no es más ni menos que todos los individuos que componen la sociedad y sus resultados son las consecuencias no intencionadas que se desprenden de las acciones de cada uno de ellos. Cuidar la vida más allá del mercado, significa hacerlo en contra de nuestras intenciones, deseos y responsabilidades. Por supuesto que esto no implica desentender al Estado de su rol de garante de la seguridad de las personas. Ese es otro tema que excede los alcances de este artículo.

Por otra parte, es muy interesante la opinión de Manuel González, Encargado de la Confitería Richmond, que plantea “Está perfecto que no dejen fumar en espacios cerrados. Si la mayoría de la población no fuma, me parece que tiene el derecho de elegir sobre el resto” (ver diario La Nación “Aprobaron una dura ley en contra del cigarrillo”). Llama la atención que viniendo del ámbito empresarial no se percate que si fuera cierto lo que dice, no se necesitaría una ley que prohibiera fumar en los espacios cerrados para que esto se cumpla. Aunque no tengan ningún derecho los no fumadores y estuviese permitido dejar fumar en su establecimiento, si la mayoría de las personas que concurren a su local no lo hacen, le resultará más rentable prohibir el consumo de tabaco.

Para finalizar con este apartado, quiero destacar y reflexionar sobre la reciente declaración de la Presidente Cristina Fernández de Kirchner. La mandataria sostuvo que “esta es una norma de respeto a los demás” (ver diario Página 12 “Las confesiones de una ex fumadora”). Ya hemos hecho énfasis en qué derechos tienen las personas y cuáles no en este asunto. Ahora quiero resaltar otro aspecto de la palabra respeto en dicha afirmación. Si hay algo que caracteriza a una ley paternalista como lo es esta, es justamente el escaso sentimiento de respeto que el legislador siente hacia las personas que conforman la sociedad. Lo que siente, en realidad, es compasión o incluso lástima, en el peor de los casos. Siente que sus representados están indefensos y no pueden manejar la situación como deberían, por lo que procura tomar decisiones por ellos para protegerlos de sí mismos. Sentir respeto implicaría considerar que las personas son responsables y que no necesitan de una ley que les diga lo que tienen o no tienen que hacer.

Reflexiones finales

Leyes como esta, presentada por el Senador Daniel Filmus del Frente para la Victoria y candidato a Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires2, son el fundamento de regímenes autoritarios. Suponen una diferencia de capacidades entre los gobernados y los gobernantes. Los primeros son los irresponsables, los que ponen en peligro sus propias vidas con sus decisiones personales, los que desconocen las consecuencias de sus acciones. Mientras que los que están en el poder al parecer han sido bendecidos con un conocimiento superior, una inteligencia y una bondad atípica entre los seres humanos. De esta manera, el legislador está convencido y tiene la intención de hacerle un bien a la sociedad, cuando en realidad está logrando el objetivo opuesto.

Este artículo es una defensa a la libertad individual pero fundamentalmente a la responsabilidad individual. Es asimismo, una defensa a la persona que desea fumar, pero, en especial, a aquella que no quiere hacerlo y sabe que no necesita de una ley para cumplir su propósito. Estoy convencido de que construir una sociedad libre no se va a lograr exigiendo que nos respeten nuestras libertades, sino demostrando que somos responsables y capaces de cuidarnos a nosotros mismos en primer lugar.

Notas:

1 Las leyes generan incentivos que penalizan o premian conductas. Apropiado en este caso es sinónimo de racional y no necesariamente de una conducta moralmente buena.
2 Cabe destacar, sin embargo, que la misma fue aprobada casi de forma unánime tanto en la cámara de diputados (182 votos a favor, uno en contra y una abstención) como en la de senadores (51 contra uno).

Artículo publicado en la Revista Digital Orden Espontáneo de Julio del 2011.


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